Presentación del manifiesto

Desde nuestra convicción democrática, la elaboración y puesta en vigencia de un nuevo estatus para los territorios del país comprendidos en la Comunidad Autónoma de Euskadi es ya una tarea inaplazable. Son igualmente insoslayables las propuestas de desarrollo de su autogobierno por parte de las instituciones Navarras.

Cuando se cumplen ya cuarenta años de vigencia de la Constitución española nos hallamos inmersos en una encrucijada de similar envergadura a la que muchas de nosotras vivimos a la salida del franquismo.

Eso sí, los contextos políticos en los que se aprobaron los marcos legales aún vigentes en el conjunto del país son bien diferentes a los actuales. Mencionaremos cuatro. Las leyes aprobadas entonces lo fueron en un entorno de poderes fácticos consolidados durante el franquismo. ETA, por otra parte, ha desaparecido definitivamente del escenario político. Hoy son mayoría las generaciones de electores que estuvieron ausentes de aquellos procesos. La actualización de las aspiraciones de la sociedad vasca, con vistas a los retos de un futuro que viene impuesto ya en clave global, reclaman una urgente y profunda reformulación de nuestros entramados institucionales, así como de nuestros consensos y determinaciones.

A todo ello hay que añadir los rasgos de la coyuntura política estatal en el momento actual. Cuatro decenios transcurridos y la experiencia acumulada durante los mismos parecían demandar reflexiones en clave de profundización democrática que incluyese capítulos tales como el modelo territorial o la propia monarquía como forma de Estado.

Muy al contrario, en los últimos años una ola de corrupción e involución antidemocrática está contaminando el conjunto de las estructuras del Estado. El integrismo reaccionario se ha apoderado del Poder Judicial. Desde influyentes espacios políticos y mediáticos se siembra y echa raíces una especie de fundamentalismo, a la vez doctrinario e intolerante, que pone techo de hierro a la Constitución vigente y choca con la voluntad de mayorías políticas en Catalunya o en nuestro propio país, sea en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en la Comunidad Foral de Navarra.  

En definitiva, el panorama político español resulta hoy irrespirable para una sociedad, como la nuestra o la catalana, que aspiran a una democracia basada en el respeto a la voluntad de su ciudadanía.  Lo es también para un significativo  sector político del Estado español, que bien querría abrir un proceso de regeneración democrática.

Nos parece, por lo tanto, que no debemos esperar más y sí subirnos al tren de un nuevo estatus, factor de cambio para un nuevo marco democrático.

Partimos de una primera y básica constatación confluyente desde trayectorias diferentes: Las vascas y los vascos somos una nación. 

El concepto, en sí mismo, nos confiere identidad como comunidad política y se constituye en fuente de Derecho a efectos de un nuevo estatus.

Fuente, en primer lugar, del Derecho a Decidir, entendido éste como la potestad de la comunidad política vasca para optar por cualquier proyecto político democráticamente expresado, sin excepciones, sin exclusiones impuestas, siempre que alcance la mayoría requerida para ello. Es la base de nuestra convivencia democrática, sea en el seno de la sociedad vasca, como en su relación con instancias estatales o supraestatales. De ahí que no sería comprensible un estatus futuro sin competencias plenas para las instituciones vascas en materia de convocatoria de consultas y referendos.

Fuente de Derecho, asimismo, para el ejercicio del Autogobierno, el otro gran pilar sobre el que descansa nuestra comunidad política.

Quienes firmamos el presente escrito somos personas provenientes de muy diferentes ámbitos. Está desde luego el de la política, pero en mayor número aún somos gente proveniente de un amplio espectro del activismo social, de la juventud, del sindicalismo, el feminismo, la empresa o el cooperativismo, como también del euskara, la cultura, la comunicación, el deporte y la universidad.

El autogobierno, como sociedad civil, nos concierne. Tiene que ver con nuestro día a día, con la vida de las personas, y es evidente que en nuestro caso a más autogobierno, más y mejor bienestar. Es una convicción amasada a lo largo de nuestra historia. Nuestros Concierto y Convenio económicos, según el ámbito territorial, han sido determinantes para ello. Por eso consideramos que nuestro nuevo estatus ha de estar dotado de competencias plenas y exclusivas, blindadas en un contexto de acuerdo, desde el reconocimiento bilateral de la soberanía de las partes, en aquellas materias vinculadas al desarrollo humano y sostenible del país.

Nos referimos a todo aquello que tiene que ver con la construcción de nuestro modelo propio de bienestar social, a la vez universal y sostenible, es decir, con nuestro modelo de creación y distribución de la riqueza. Tiene que ver con el empleo, con nuestro marco propio de relaciones laborales; con nuestro sistema fiscal; nuestros servicios públicos, tales como la Educación o la Sanidad, la Seguridad Social o las Pensiones, así como el conjunto de nuestra red asistencial. La paridad de género, en todos los ámbitos de la sociedad, desterrando la supremacía patriarcal, forma parte de nuestro esquema de valores. En la misma medida hablamos de la construcción de una sociedad plurilingüe, con el euskara como idioma de identidad compartida, discriminándolo positivamente a fin de reparar su marginación y represión históricas. Igualmente abordamos el reto de crear nuestro poder judicial propio, así como seguir construyendo una Universidad de país, libre de las ataduras uniformadoras legales impuestas por el Estado. Proponemos administrar sin intromisiones el ámbito de la cultura y del deporte, de participar en los procesos de decisión en la Unión Europea en todo aquello que afecte a los intereses  del país.

Planteamos un cambio profundo de naturaleza democrática en las relaciones del conjunto del país en el marco del Estado español. El estatus y las reformas  que se proponen requerirán una transformación del actual modelo territorial, dando paso a un Estado plurinacional, de corte federal o confederal, en el que la propia forma de Estado esté sujeta a legitimación democrática. Entendemos que ello contribuiría a materializar un escenario de estabilidad política y económica. 

No obstante, en estos momentos, y con vistas al futuro más inmediato, la gobernanza del Estado se halla aprisionada en una maraña de interrogantes cuyo decantación no es fácil vislumbrar.

En cualquier caso, no podemos sucumbir ante las políticas involutivas y neoliberales que alumbran nuevas formas de autoritarismo, que a su vez nos seduzcan con meros retoques cosméticos al volatil modelo autonómico vigente, incumplido ya a día de hoy.

En sintonía con  estas reflexiones, las Bases y Principios acordados en la Comisión de Autogobierno del Parlamento Vasco, en relación con el nuevo estatus, así como las reivindicaciones del Gobierno Navarro, arrancan en la buena dirección. Es el momento de sumar adhesiones que, lejos de devaluar su contenido, contribuyan a un leal desarrollo de las mismas.

Los retos descritos son de gran magnitud. Lo sabemos. Exigen empoderamiento social, determinante para avanzar en los mismos.

Pero los retos no nos asustan. De hecho, nos estimulan.

Desde nuestra convicción democrática, desde nuestro propio compromiso e implicación públicas, invitamos al conjunto de la sociedad a incorporarse con disposición activa a este horizonte de futuro colectivo. 

Demokrazia eta askatasuna!

Euskal Herria, diciembre de 2018